El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmará este lunes un decreto que reglamenta la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso brasileño en abril. Esta ley permitirá al gobierno brasileño imponer contramedidas proporcionales en respuesta a acciones comerciales unilaterales que afecten negativamente la competitividad del país.
La medida se toma en respuesta al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a todas las exportaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. Lula ha calificado esta acción como una «injerencia en las elecciones de 2026» y una maniobra orquestada por la extrema derecha brasileña para utilizar a un país extranjero como herramienta contra todo el pueblo brasileño.
El gobierno brasileño ha expresado su disposición al diálogo, pero también ha enfatizado que defenderá la soberanía y los intereses del pueblo brasileño. La aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica permitirá al Ejecutivo brasileño poner en marcha contramedidas como respuesta a «acciones, políticas o prácticas unilaterales» que afecten el comercio o la economía del país. Estas medidas podrían incluir aranceles adicionales a productos importados de Estados Unidos o la imposición de restricciones a inversiones y flujos de capital en áreas estratégicas.
Lula destacó que la prioridad del gobierno será siempre la defensa de los intereses económicos y la estabilidad de Brasil, y agregó que su administración buscará una solución negociada, pero no permitirá que se tomen decisiones unilaterales que perjudiquen el bienestar económico de los brasileños.
Implicaciones económicas
Las medidas de reciprocidad podrían tener un impacto significativo en las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, dos de las economías más grandes de las Américas. Estados Unidos es el principal socio comercial de Brasil, y cualquier alteración en las relaciones podría afectar sectores clave de la economía brasileña, como la agricultura, la minería y la manufactura.
Además, la disputa podría complicar las perspectivas de crecimiento económico de Brasil, un país que ya enfrenta desafíos internos, como la inflación y el desempleo. Sin embargo, la postura firme del gobierno de Lula subraya su interés en preservar el mercado interno y fortalecer las políticas de desarrollo económico nacional frente a presiones externas.
Fuente: Finanzas Digital
